Análisis sobre consulta popular, Ecuador (2018)
Consulta popular 2018: ¿Termidor o 18 Brumario?
I. Introducción. ¿La consulta popular: Termidor o 18 Brumario?- El presidente Lenin Moreno puso en marcha la consulta
popular para decidir varios temas. Se vio obligado ante el bloqueo dentro de
País y ante la imposibilidad de gobernar con autoridades que tienen serios
cuestionamientos sobre su independencia. Las preguntas de la consulta fueron
quirúrgicamente trabajadas. Dos son las centrales: la de la reelección
indefinida y la del consejo transitorio del Armagedón. Las restantes: tres
populistas (1, 4 y 6) y dos tramposas (5 y 7).
Digamos
que de las centrales, la una es la del termidor, y la otra es la del 18
brumario. Las restantes 5 son un bloque de preguntas inútiles que están guiadas
a empujar al populacho a votar como se acostumbra en un país como el nuestro:
"todo sí" (o "todo no" dependiendo del contexto). En
realidad, las dos preguntas mencionadas son las importantes, las otras son un
placebo político. Los de Alianza País (AP) dicen que esta consulta no es
democrática y que se trata de un golpe blando (concepto sin sustento teórico
riguroso), pero no dijeron lo mismo cuando aprobaron la reelección indefinida
sin consulta popular y le metieron la mano a la justicia hasta la rabadilla.
Por su parte, los partidos de oposición y de derecha apoyan abiertamente esta
iniciativa y los de AP dicen que se derechiza el proceso y que Lenin es un
traidor. En realidad, este proceso de derechización ha empezó en 2010 luego del
30-S con Correa a la cabeza. ¿Sin embargo, tiene otra opción Lenin?
En el
trasfondo aparece un tipo escribiendo en las redes sociales desde un ático con
guardia privada pagada con nuestros impuestos (que financian dislates como
Yachay, plataforma financiera para aumentar la venta de maduro, y carreteras
que se presupuestaron en 16 y terminan constando 130 millones...) y lejos del
alcance de nuestro súper independiente poder judicial. Lenin tiene la ventaja
de tener el aparato estatal a su favor y los de AP están tratando de aprender a
hacer política sin poder, pero les está costando mucho esa lección. Lenin tiene
el reto de gobernar AP y su la nueva organización “Democracia Sí”.
En todo
caso, la consulta es la única alternativa viable y efectiva para que Lenin
pueda tener gobernabilidad, pero tiene dos retos. Por una parte, comenzar a
ejecutar sus planes de gobierno en todos los sectores de la sociedad y la
economía, y además lograr conformar un Consejo Transitorio (el del Armagedón)
con la participación de todos los sectores políticos (incluidos los de derecha)
y que tenga legitimidad social, puesto que si no lo logra, le dará la razón a
sus detractores y escépticos de que lo que se busca es tener organismos de
control a su medida y no a las de Correa. Por su parte, el Poder Judicial no va
a ser tocado, pues los jueces son útiles para un dueño como para otro... ¿O
será que se los lleva el Armagedón plebiscitario? En todo este entuerto, lo único
que está claro es que el Termidor sigue su marcha y que 18 brumario es una espada
sobre nuestras cabezas...Es decir, en la consulta no está en juego la
transformación y el cambio social, sino el reacomodo de las fuerzas políticas
conservadoras (Termidor) con una leve esperanza de progresismo, o el fin
violento de toda utopía política (18 Brumario).
En lo que
sigue voy a analizar cada una de las preguntas, aún las inútil-populistas, sin
que apoye el sí o el no, sino mostrando sus pro y contras.
I. Pregunta 1: ¿Muerte
civil?- La primera
pregunta al pueblo es sobre si está de acuerdo con que las autoridades que
fueron condenados por actos de corrupción nunca puedan ocupar cargos públicos y
pierdan sus bienes (se entendería, hasta el monto del perjuicio). Este es una
pregunta atractiva y demagógica, puesto que busca empatar con el sentimiento de
indignación por las denuncias de corrupción de los últimos tiempos en Ecuador y
en el mundo. ¿Pero es la corrupción una agenda
estructural? Hay mucho de miseria en las luchas anticorrupción, extrañamente
apoyadas por la cooperación internacional. Primero, sólo se mira la corrupción
en nuestros países, por eso resulta extraño que en los famosos “panama papers”
no aparezcan empresas del primer mundo ni particularmente de los Estados
Unidos. Segundo, estas agendas invisibilizan los grandes negocios y corrupción
de las transnacionales y de los países desarrollados, tales como el
narcotráfico, venta de armas, trata y tráfico de personas, prostitución
infantil, venta de órganos, etc. Así, sólo aparece la percepción de las
empresas respecto de la baja corrupción en el informe anual de Transparencia
Internacional Y, tercero, el énfasis de esta agenda está en la represión
especialmente penal como única solución, con lo cual se deja de lado la reforma
estructural que necesitan las instituciones. Paradójicamente, no es la
informalidad lo que perjudica las inversiones de las empresas transnacionales,
sino justamente el control de los recursos que se sacan de nuestros países con
total descaro las transnacionales.
En este contexto, la
"muerte civil" que se discute también en otros países de la Región
(Perú por ejemplo), no es una solución para la corrupción, sino una medida que
destruye las instituciones y se puede convertir en una efectiva arma para
perseguir a los enemigos políticos. Es en el fortalecimiento de la
institucionalidad donde está el dique más importante para impedir o disminuir
la corrupción. La “muerte civil” tiene la misma lógica que la pena de muerte.
¿Tiene utilidad disuasiva?, ¿tiene legitimidad el Estado o la sociedad para
decretar la muerte (en este caso, civil)? Frente a esto, hay que profundizar la
institucionalización del Estado ecuatoriano que aún funciona como una hacienda,
particularmente el Poder Judicial a quien hay que dotar de mayor independencia.
Al mismo tiempo, las políticas sociales deben redistribuir las riquezas para
tener una sociedad más equitativa. Hay que hacer una reforma al sistema
educativo y laboral donde se premie las capacidades, la inclusión y la solidaridad
antes que los títulos y cargos. Por supuesto, esto no se arreglará con una
consulta, sino con una verdadera revolución política y social: la ideología de
la muerte debe ser reemplazada por la de la vida en igualdad de oportunidades e
inclusión social.
II. Pregunta 2:
¿reelección indefinida o "fuera, Correa, fuera..."?- Esta es la pregunta que le
preocupa al ex-presidente Correa, puesto que de aceptarse, él no podría jamás
volver a ser candidato a la presidencia. ¿Por qué? La pregunta 2 le consulta a
la gente sobre si está de acuerdo en que se elimine la reforma constitucional
hecha por la Asamblea sin consultar al pueblo. Si en esta pregunta gana el sí,
simplemente quedaría vigente la norma aprobada en
Montecristi que establece que sólo se puede ser reelecto por una vez, ya sea
inmediatamente o luego de un período. Correa ya fue relecto. Aquí se planteaba
que no se puede aplicar esta reforma de manera retroactiva. Sin embargo, la
pregunta está tan maquiavélicamente hecha que anula la reforma inconstitucional
y antidemocrática. ¿Cuál es el efecto jurídico central de la nulidad?: volver
las cosas al estado anterior, es decir, la reelección como se aprobó en 2008
por el pueblo en consulta popular. La pregunta ni el inexistente dictamen han
modulado la pregunta 2. De acuerdo a esto, la pregunta es: ¿es una pregunta
sólo dedicada a Correa o nos jugamos algo más?
(1) En la coyuntura, es clara la
intención del régimen de dejar fuera de combate al caudillo. Por dos razones,
porque su estilo no lo dejaría gobernar; y, porque no se logró una transición
política ordenada, lo cual fracturó a AP. Por eso, Correa regresó a intentar
desde su bastión político en Manabí virar la
votación a su favor, de victimizarse y de acusar de traidor a Lenin. Tiene todo
claro, de esta pregunta depende su particular forma de ver la política. En
realidad, sabe que va a perder en esta pregunta, pero busca disminuir el
margen, puesto que, a la larga, se trata esta pregunta de una medición de
fuerzas políticas entre Correa y Lenin. Si el margen es amplio, se dirá que
Lenin pudiera ganarle en una hipotética elección en primera vuelta. En esta
pregunta, Correa se juega su carrera política.
(2) En lo estructural, es necesario
garantizar un sistema de relección más equilibrado, que permita la
alternabilidad. Aquello fortalece la participación y la emergencia de nuevos
cuadros políticos, y evita el caudillismo mesiánico que tanto daño hace a
nuestros países. La consulta en esta pregunta le da la oportunidad al pueblo a
ser escuchado finalmente, puesto que en 2015 esto no fue posible. El pueblo
debe enseñar a sus políticos la nueva didáctica del poder y la nueva ética del
ejercicio de la política.
Así, que en la consulta en esta
pregunta nos jugamos algo más que las apetencias de un sujeto concreto, nos
jugamos la posibilidad de fortalecer la democracia y es sistema político. Por supuesto, no es el único cambio, pero
es una puerta importante para tener instituciones políticas al servicio de la
gente y no únicamente del régimen de turno.
III. Pregunta 3. ¿Democratización o cambio de autoridades?- Como ya lo dije en otro lugar, la
frase "por esta única vez" que se incluye en nuestras normas
jurídicas, define la cultura política de la clase política ecuatoriana, lo cual
destruye a las instituciones. Nuestros procesos políticos en Ecuador se juegan
entre dos extremos: estabilidad aparente y crisis institucional. El ciclo
parece ser el siguiente: a) un grupo político genera una ruptura y proyecta un
discurso de cambio; b) este grupo implementa una transición y una propuesta
política de cambio; c) aparecen las contradicciones y se inicia una nueva
crisis política; y, d) inicia un nuevo grupo otra ruptura y el ciclo vuelve a
comenzar. Cada crisis va marcada por una fuerte reforma institucional y una
nueva Constitución. Estos ciclos se dan en un tiempo de 5 a 10 años. Ahora, lo
curioso es que estas crisis se resuelven con el simple cambio de autoridades y
nuevos partidos y actores políticos; y, las transformaciones experimentan
retrocesos de manera pendular. Por eso, he afirmado que la realidad política
del país puede resumirse en la siguiente máxima: "avanzamos cinco pasos,
regresamos tres... Es decir, adelantamos dos...".
Esto puede ayudar a explicar en gran
medida el actual contexto de crisis. Esta crisis tiene algo de artificial,
puesto que es provocada por la necedad de Correa y su inmadurez para asumir una
transición ordenada y la continuidad de un proyecto político. Tiene algo de
ficticio también, puesto que hasta ahora no se ve una ruptura real entre el
correísmo y el morenismo, dos visiones apenas separadas por un estilo de
presencia pública. En lo demás y en lo realmente importante, sigue exactamente igual.
Por supuesto, algunas cosas deben mantenerse, por ejemplo el modelo económico y
de desarrollo; y, otras no, la confrontación, la dependencia de los poderes, la
intervención de los medios, entre otros. Pero, ante este contexto de
polarización y desacuerdo, nos encontramos una vez más ante el mismo dilema:
¿vamos a la transformación política o sólo es un nuevo cambio de autoridades?
A esto nos enfrenta la pregunta 3 de
la consulta que propone la cesación del actual Consejo de Participación y el
nombramiento de un consejo transitorio, integrado por ternas del Presidente.
Este Consejo transitorio va a evaluar a todos los electos por el actual.
En esta propuesta se ve la intención
de que sea un mecanismo inmediato y sin complicaciones políticas que pudieran traer
la necesidad de un acuerdo y deliberación política. Por eso, la elección del
Consejo transitorio será casi a dedo, pues de no hallarse acuerdo, entra el
primero de la lista. No es muy claro qué debe entienderse por
"evaluar" a las autoridades... ¿Puede cesarlas?, ¿puede elegir
interinas o nuevas?, ¿Qué controles democráticos tiene este organismo? En otras
palabras, nos ponemos en manos de la voluntad única del Ejecutivo para
"democratizar" o "retornar a la democracia".
De esta manera, esta pregunta que
rompe las instituciones una vez más ("por única vez"), no depende de
lo que decidamos en la consulta, sino de la integración del Consejo Transitorio.
Eso le da a Lenin la enorme oportunidad de hacer cambios revolucionarios,
profundizar lo bueno que se hizo o destruir todo y entregarlo a la derecha de
siempre. ¿Ingenuidad? Es posible, pero no tenemos otra alternativa. Que nos
queda: ¿soportar a las autoridades de control nombradas desde el hígado y
corazón del caudillo y a dedo, que están entorpeciendo la fiscalización social
de la corrupción, la regularidad institucional y la paz ciudadanas. Nos queda
esperar las dádivas del déspota ilustrado de turno? O podemos intentarlo una
vez más. ! Qué difícil esta pregunta desde las ética, convicciones y militancia
de izquierda ¡
Nuestra reflexión y voto en esta
pregunta debe ser estar precedida de una verdadera cirugía política. No es
cuestión de votar sí o no, sólo digo que es cuestión de entender lo que nos
jugamos como país y como proceso histórico de cambio. O tal vez, sólo avanzamos
una vez más dos pasos en vez de cinco posibles en la historia política del
Ecuador.
IV. Pregunta 4: ¿Prescripción o renuncia política al poder punitivo?- La pregunta 4 es sobre si los
delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes deben ser imprescriptibles.
Para el ciudadano de a pie esto suena como chino avanzado. Lo voy a explicar en
lenguaje sencillo. Dos ideas básicas. Una, el único que puede encarcelar e
imponer condenas es el Estado. Dos, lo hace mediante un proceso reglado
previamente que tiene como fin imponer un castigo
por el daño social realizado. Como ustedes lo intuyen esta actuación necesaria
del Estado debe ser inmediata y lo más ágil posible, por lo cual, debe terminar
en algún momento. La capacidad de iniciar un proceso penal se llama acción y se
debe dar en un tiempo determinado. A este tiempo se le llama prescripción, que
quiere decir que sólo dentro de ese tiempo se puede iniciar y terminar el
proceso penal. Si alguien quiere iniciar por fuera de este tiempo, el proceso
es nulo. Es necesario que termine el proceso no sólo por seguridad y paz
sociales, sino porque es obligación del Estado dar una respuesta judicial
oportuna y eficiente, y no del ciudadano. De esta manera, si un proceso
prescribe es por ineficiencia del Estado y no del ciudadano, es el fracaso
total de todo el sistema democrático para solucionar los conflictos jurídicos.
Por supuesto, hay algunos procesos no penales que prescriben por actuación de
los ciudadanos, pero esto no puede ocurrir en los penales, pues el Estado tiene
la responsabilidad de seguir de oficio al menos los de acción pública, que son
los delitos de mayor gravedad o incidencia social. En consecuencia, la
prescripción es una herramienta de garantía penal en favor del ciudadano, pues
nadie debe estar condenado a litigar por la eternidad.
De acuerdo a esto, todas las formas
política para declarar imprescriptibles los delitos son parte de un discurso
demagógico, pues esto no garantiza que el Estado solucione el problema, sino
que el efecto sería que nunca se cierra, con lo cual quedaría impune y el
procesado en el limbo. Además, la imprescriptibilidad de ciertos delitos ha
tenido un uso político nefasto.
Así, en la Constitución de 2008, se
declararon imprescriptibles los delitos contra la humanidad y los relacionados
con la corrupción. Respecto de los delitos contra la humanidad, la idea es que
siempre exista la posibilidad de castigar a los violadores sistemáticos de los
Derechos Humanos. Esto es una excepción y es importante porque los delitos contra la humanidad son parte de acciones
sistemáticas e históricas que tienen abundante evidencia, y es en un medio para
sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, no ha
funcionado... No funcionó con Amin Dadá, los Duvalier ni con Pinochet ni
Videla... Esto pone en cuestión esta excepción, pero en todo caso es un mínimo
universal y de consenso...
La imprescriptibilidad de los
delitos de corrupción tenía nombres y apellidos: Abdalá Bucarám, Alberto Dahih,
y Jamil Mahuad. Así este mecanismo se convirtió en un abuso que podríamos
llamar "ostracismo o exilio moderno". Por lo tanto, bastó iniciar
juicios penales contra el político indeseable por el régimen de turno y ponerlo
en el congelador. Pero les falló el cálculo, pues esta norma no aplicó sino
para el futuro y los casos de Bucarám fueron antes de 1998. Así, luego de 30
años, él está de regreso. Este mecanismo expulsatorio no es tampoco eficiente,
puesto que no se logró sancionarlos ni recuperar lo que se dijo había
perjudicado los dineros públicos.
¿Entonces, renunciar a ejercer
justicia sobre los delitos sexuales es combatir la impunidad o extenderla para
siempre? Además, puede tener un uso político demasiado peligroso. Con una
simple denuncia o un testimonio de alguien que dice haber sido tocado hace 50
años, ponemos fuera de combate a un político para siempre, pues la gente
perdona a los corruptos, pero no a los violadores. Un elemento grave, además,
es que incluye a "todos los delitos sexuales"... es decir, desde una
mirada obscena en un bus hasta una violación violenta por parte de un
consanguíneo. ¿Vamos a dejar abierto un caso censurado socialmente para el que
no se necesita sentencia para juzgarlo en las calles? Esto es profundamente
racista y peligroso...
Esta pregunta es inútil para mejorar
el sistema de justicia y la protección de los niños y adolescentes de la
violencia sexual, pero puede servir para un uso político perverso. El mensaje
social de esta pregunta sería que el Estado no puede solucionar estos casos,
entonces se olvida de ellos y de sus víctimas. Al mismo tiempo, se abriría una
vía de conflicto social con impredecibles consecuencias.
V. Pregunta 5 de la consulta: ¿la trampa de la ideología o de la
democracia plebiscitaria?- Una de las cuestiones que son más desconcertantes en la política penal
es ver a quienes defienden la libertad pugnar por reformas punitivas. Eso pasa
con algunos grupos feministas que piden más cárcel para los violadores cuando
la lucha histórica por los derechos de las mujeres negaba la cárcel o lo identificaba
como un instrumento de persecución y muerte. A esto
Zaffaroni le llama "la trampa de la ideología". Así, es muy fácil
para la izquierda proponer penas de muerte para los violadores aunque siempre
criticó que el derecho sea un instrumento de clase para oprimir a las clases
proletarias. Y desde la derecha, no es raro que se impulse modelos
proteccionistas y contrarios al libre mercado, cuando sus tesis son
supuestamente neoliberales. Frente a la pregunta 5, algunos grupos
ambientalistas enfrentan esta trampa de igual manera. Creen que aumentar el
control penal y administrativo lleva a la protección, y que los cambios en la
política de forma aunque no funcionen, en todo caso, proyectan un mensaje
simbólico.
No obstante, hay varios grupos de
ecologistas radicales que van más allá. Así, ante el llamado proyecto Yasuní
(2008), anunciado por el Presidente Correa, ellos se organizaron para darle forma
política a una nueva era de la protección de la naturaleza. Pero Correa
boicoteó su propio proyecto y decidió explotar el Yasuní con los mismos
argumentos de cualquier petrolera... Aquello llevó a quienes se autodenominaron
Yasunidos a plantear una consulta popular que fue bloqueada descaradamente por
el gobierno de Correa.
Esto nos lleva la trampa de la
democracia plebiscitaria. Tradicionalmente, las consultas son tramposas y
buscan únicamente legitimar al régimen de turno, o legitimar alguna intervención
para cambiar autoridades o asegurar el control político.
La pregunta 5 no es populista, sino tramposa y regresiva en derechos, pues el
artículo 407 de la Constitución prohíbe "toda actividad
extractiva" (no sólo de metales...) en zonas protegidas e intangibles.
Incluso el artículo 57.20 de la Constitución amplía esta prohibición a los
territorios intangibles y ancestrales indígenas donde existan pueblos no
contactados (razón por la cual se inició una feroz persecución a los huaoranis
y un ex-ministro aseguró que no existían pueblos no contactados en el Yasuní).
Lo que incorpora de nuevo la
pregunta 5 es la prohibición de explotación en "zonas urbanas". ¿Esto
es un avance? Aparentemente. Sin embargo, ¿cuántas minas, excepto el caso de
Zaruma, están en zonas urbanas? Entonces, nos encontramos ante la trampa de la
democracia plebiscitaria una vez más. La pregunta efectiva era la que volvieron
a proponer los Yasunidos y Acción Ecológica: si estamos de acuerdo que se deje
el petróleo bajo tierra para evitar la degradación de la naturaleza, que fue el
mandato constitucional de Montecristi y que los ecuatorianos aprobamos en 2008
por consulta popular.
En definitiva, esta pregunta no es
una trampa ideológica en el sentido estructural, pero sí de la democracia plebiscitaria,
pues no contiene un mandato concreto y efectivo para la defensa y protección de
la naturaleza. Parece que seguiremos siendo un país gastando el oro sobre el
que estábamos sentados para mantener a la clase política y las élites
parasitarias a costa del silencioso asesinato de la naturaleza. Esta pregunta
es inútil así votemos sí o no.
VI. Pregunta 6: ¿Equidad tributaria?- Otra pregunta de difícil explicación popular. Nuestros
sistemas tributarios son tradicionalmente inequitativos y ponen la mayor carga
sobre los hombros de los más pobres. Sin embargo, nuestro sistema se presenta
como justo, pues se ampara en el principio de mayoría. Así, son los impuestos
indirectos más del 80% de los ingresos tributarios. El justificativo de esto es
que estos impuestos son fáciles de cobrar, pues los agentes económicos retienen
en nombre del Estado los tributos, y éstos se producen con el consumo cotidiano
y no depende de ningún hecho aleatorio. Además, se dice por ejemplo “si el IVA,
impuesto indirecto por excelencia, es 12% es para todos por igual, sean ricos o
pobres. Por su parte, los impuestos directos gravan la riqueza real y, en el
caso del Ecuador, el excedente económico (Impuesto a la Renta). La derecha
siempre ha dicho que estos impuestos afectan la producción, pues encarecen
costos y no se estimula la generación de riquezas.
Pero veamos qué esconde este orden
alienatorio. El régimen tributario ecuatoriano pone su carga en los más pobres.
Primero, porque el impacto de la tributación no es uniforme, sino que va de
acuerdo a los ingresos. Todos consumimos y allí pagamos el IVA, pero su carga
quita el pan de la mesa de los pobres, mientras que a los ricos sólo encarece
su nuevo IPhone. Segundo, porque esta carga ocurre cuando el comerciante
desplaza el valor del IVA al consumidor, y tercero, porque esto no permite
emprendimientos creativos y productores de riqueza, sino que acentúa las
brechas sociales y favoreces la economía oligopólica y monopólica, y la
dependencia económica en mano de los importadores y la intermediación económica.
El impuesto a la plusvalía fue
aprobado en medio de una crisis política y con motivos más coyunturales:
afectar algunos proyectos en manos de los amigos del régimen. Luego, se dijo
que era para evitar la especulación de las tierras cercanas a la obra pública
en proyecto o en construcción. Más allá de estos motivos, esta ley es
equitativa, pues grava directamente la riqueza de las élites. Por supuesto, en
un régimen tributario tan injusto, su impacto es nulo. Así, que el supuesto
motivo ahora es reactiva la construcción en Ecuador. No se ha se ha demostrado que
esto sea por este impuesto y más bien parece que la crisis de la construcción
tiene que ver más con el estancamiento económico y del precio de los
energéticos, que con la plusvalía. Habría que ver cuánto pagan las grandes
compraventas de inmuebles de los ricos, el relajamiento del régimen tributario
que los favorece y los intereses en la tierra que tienen los nuevos amigos del
gobierno, para entender la intención de derogar este impuesto. Sin embargo,
vivimos una sociedad alienada respecto de la propiedad, que cualquier cambio a
eso aunque sea simbólico, moviliza a la gente. Esto lo aprovecha el gobierno
para empujar el sí en las preguntas 2 y 3 que son el centro de la coyuntura
política.
Por el momento, se quiere eliminar
un tributo que apunta a un régimen tributario más equitativo. ¿Qué viene
después? Posiblemente, un aumento de los impuestos indirectos y una metida de
mano, esta vez, al bolsillo de los más pobres.
VIII. Pregunta 7: ¿Trampa otra vez?- Finalmente, el aumento de algunas hectáreas a
la zona intangible es otra pregunta tramposa. La Constitución prohíbe toda
actividad extractiva en las zonas intangibles y zonas protegidas. Toda la
disputa política de las últimas décadas se ha centrado en definir la extensión
de estas zonas. Normalmente, las organizaciones de sociedad civil y los
sectores progresistas han perdido casi todas las batallas en este campo
político. Siempre se ha buscado que estas zonas sean lo más amplias posibles,
pero ahora se quiere establecer un límite especifico. Con esto, ¿ganamos
protección ambiental? Me parece que se está firmando capitulaciones de guerra,
donde la gran derrotada es la Pachamama.
Esta pregunta nos muestra la
realidad de la protección de la naturaleza en Ecuador: los triunfadores de la
guerra son las transnacionales, el capital internacional, los grupos de poder
que se chupan todos los recursos para su supervivencia y la explotación de los
más débiles; y, la política utilitarista y extractiva del Estado, como siempre,
en manos de una casta política ignorante, feudal y conservadora.
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