El CPCCS ya no es “amiguis” de la oligarquía ecuatoriana

El CPCCS ya no es “amiguis” de la oligarquía ecuatoriana

Por: Luis Fernando Ávila Linzán.

Foto: www.contactomisionero.org

Una constante en Ecuador, es que todos los cambios y arreglos institucionales son discutidos y aprobados en definitiva por un reducido grupo de ciudadanos, a pesar de la implementación de supuestos mecanismos de participación y voto popular. La gran pregunta de la democracia termina siendo quién decide lo que se pregunta o vota y en qué momento. De acuerdo a esto, las consultas populares o referéndums terminan siendo únicamente una forma de legitimar y no necesariamente de decidir términos técnicos que nadie entiende sobre eufemismos tales como “la voz del pueblo es la voz de Dios” o “hay que preguntarle al pueblo soberano”. Ya quiero ver la pregunta que se pondrá al arbitrio de los ciudadanos, respecto de cuestiones tan profundas como la “bicameralidad”, “separación de poderes”, “control y pesos y contrapesos”. En 2008, fue igual: “participación ciudadana”, “rendición de cuentas”, “democracia participativa”, “quinto poder”. En aquella ocasión, una vez más el “sabio y soberano pueblo ecuatoriano” aprobó lo que la oligarquía había ya decidido.

Hoy, a pesar de que algunos juristas criticaban agriamente al quinto poder -más por una oposición folclórica a lo que ellos veían como novelería o peligroso comunismo constitucional personificado en las nuevas izquierdas-, la mayoría aplaudía al novedoso “Quinto Poder”. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació como una solución para quitarle al “corrupto y caduco Congreso Nacional” el poder de nombrar a las autoridades y parte del de fiscalizar. Con esto, se modificó la estructura de la separación de poderes, y se apostaba a algo que era irreverente: el origen de las autoridades ya no serían los partidos, sino la sociedad civil. El efecto fue terrible de esta aspiración ingenua o, en todo caso, manipulativa, por lo cual sirvió para que el movimiento político de turno acumulara poder y el control de todo el aparato político.

Pero no sólo era útil para el gobierno de Correa, sino -una cuestión que todos parecen olvidar-, además, para los grupos de poder, puesto que las estructuras económicas y sociales permanecieron intactas. Así, los bancos, las empresas, y las corporaciones sociales (Iglesia y fuerza pública) no fueron afectadas, más bien, se fortalecieron. Lo único que cambió es que aparecieron nuevas élites emergentes, nuevos grupos económicos en el espectro político y social, y una débil política social y de obra pública estratégica para mantener contentas a las masas. De esta manera, aunque muchos de los políticos hoy digan que nunca estuvieron de acuerdo con el Quinto Poder, en los hechos lo aceptaron y lo usaron para sus fines de supervivencia o dominación. Ahora, más allá de los rufianes del correísmo, ya nos les sirve, no les es útil, y hay que eliminarlo o, en su defecto, neutralizarlo.

Esta estrategia oligárquica no es nueva. Dos ejemplos. Uno, la creación del Consejo de la Judicatura es útil para controlar a la justicia desde el Ejecutivo, y cooptar a una institución peligrosa como la Defensoría del Pueblo, llevó a tener desde siempre autoridades timoratas, ignorantes y serviles la mayor cantidad de tiempo. Otra evidencia de la instrumentalidad coyuntural del Quinto Poder tiene que ver con el Consejo de Participación Transitorio. Sólo así se entiende que en la consulta popular última no se lo eliminara, y se llamara a una elección popular para integrar un Consejo que nació muerto.

Bueno, ahora la Corte Constitucional ha dado vía libre para llevar al Quinto Poder a la silla eléctrica de los votos, no sin antes permitir que se neutralizara a este organismo por si acaso, “imaginara a lo Dante”, revisar los vicios de la transición hacia la tierra prometida del post correísmo. No importa el carácter antidemocrático ni lo elitista que todo esto significa. Próximamente, los oráculos de notables nos llamarán a sacralizar lo que ya decidió la oligarquía: reservarse el derecho de admisión a la política desde un pequeño Sanedrín al servicio de los intereses tradicionales de los dueños del país, con el fin de que cambie todo para que todo siga igual. ¡Alea iacta est!