Se quieren bajar al Defensor del Pueblo

Se quieren bajar al Defensor del Pueblo

Por Luis Fernando Ávila Linzán.

Foto por: 4 pelagatos: “ligereza del Defensor del Pueblo es apabullante”.

I

Los años 90 fue la belle époque de los Derechos Humanos. Eso parece contradictorio cuando notamos que, también, fue el tiempo de la mayor violencia que el mundo había experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. Guerras locales, invasiones, huelgas, movilizaciones, resistencia en contra de las medidas neoliberales que materializaban el mandato del Consenso de Washington que celebraba la caída del comunismo real. Esta contradicción fue aparente, pues en toda esa década de inestabilidad y violencia, el florecimiento de los mecanismos de defensa de los Derechos Humanos supuso un dique importante para mitigar las medidas de shock que buscaban favorecer las políticas de mercado y el faenamiento de las instituciones públicas. Así, de la mano de la “gobernabilidad” se reeditó el viejo modelo modernizador que había funcionado desde el Siglo XIX en la Región para el control político imperialista.

Uno de esos mecanismos fue el ombudsman, tomado de los países nórdicos de Europa si bien podemos encontrar antecedentes en varios sistemas jurídicos. La idea era crear una institución que represente a los ciudadanos para la protección de sus derechos frente a quienes detentan el poder estatal y no estatal. El Defensor del Pueblo fue, entonces, pensado para que sea la voz de los ciudadanos y un poder de equilibrio frente a los intereses sociales de los grupos de poder. Así, a pesar de ser una institución del Estado, debería representar los intereses de los ciudadanos frente al poder. Un Defensor del Pueblo debería ser, más allá de la formalidad de los Principios de París, un activista permanente para prevenir y denunciar las violaciones de los Derechos Humanos. Al inicio, sus detractores argumentaban que ya existían otros mecanismos jurisdiccionales y administrativos para este fin, pero luego de un largo debate, se creo esta institución, más porque no veían en ella un peligro y porque, a la larga, sería una bolsa de empleo para los partidos políticos. De manera perentoria y al apuro, fue nombrado como primer Defensor del Pueblo, el ya fallecido Julio César Trujillo, quien en una conversación privada me decía: “sólo me dieron un escritorio en un edificio viejo con cientos de expedientes.”

El siguiente Defensor del Pueblo fue Milton Alva Ormaza, quien se encargó de iniciar la institucionalización de esta entidad, pero fue destituido por el Congreso Nacional por supuestos actos de corrupción cuando había sido Procurador General del Estado, pero en coincidencia con varios informes incómodos de violación de Derechos Humanos que había hecho públicos. Lo suplió, como es costumbre en nuestra hacienda estatal, el Defensor Adjunto, Claudio Mueckay, quien era cercano a las organizaciones de campesinos de la Costa. Este funcionario se mantuvo en funciones prorrogadas por 10 años, puesto que el Congreso Nacional no se ponía de acuerdo sobre esta designación y él les era funcional a sus intereses. Cuando decidieron finalmente, lo nombraron por el período ordinario de 5 años más. Durante su gestión, operó una neutralidad cómplice con las graves violaciones a los Derechos Humanos de aquella época, aglutinó a las organizaciones de Derechos Humanos para controlarlas y desarrolló la técnica más efectiva para la permanencia de las autoridades ecuatorianas: no decir nada ni ser notado en nada. A pesar de esto, su administración estuvo, también, manchada del escándalo de actos de corrupción en la repatriación de cadáveres de ecuatorianos desde el extranjero.

Fernando Gutiérrez fue quien representó la vuelta al orden en la Defensoría del Pueblo luego de los años de inestabilidad entre en el período 2000-2006 y se mantuvo en el cargo durante la Asamblea Nacional Constituyente hasta que “cayó en desgracia” cuando denunció la muerte de recién nacidos en condiciones de insalubridad en los hospitales estatales y una foto que se hizo viral de unos niños que eran puestos en cartones en el hospital de Santo Domingo por falta de camas.

Posteriormente, con concurso público, se nombró desde un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social totalmente controlado por el régimen de turno, a Ramiro Rivadeneira, quien era cercano a varias organizaciones de Derechos Humanos. Las cosas “volvieron al orden” y la clase política ya se había dado cuenta de la potencialidad de la institución, por lo cual reforzó su obediencia e instrumentalidad. Fue el tiempo de la estatización de la Defensoría del Pueblo: guardó silencio respecto de los pésimos servicios del sector privado y se transformó en un abogado más del Estado. Este funcionario terminó sin pena ni gloria su período defendiendo con uñas y dientes su cargo, lo cual le valió el apodo en las redes sociales de “Defensoría del Puesto”. El Consejo de Participación transitorio lo enterró junto con otras instituciones en nombre del anticorreísmo.

Un breve tiempo estuvo como encargada Gina Benavides, académica y activista vinculada al Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina y con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de personas en situación de movilidad humana. Ella estuvo a la altura de la transición y respetó hasta el final su voluntad de no participar en el concurso público para ser la Defensora definitiva. Durante su corto período demostró la verdadera naturaleza de la institución y realizó valientes denuncias sobre la violación de derechos humanos, particularmente, respecto de venezolanos en Ecuador. Imagino que los políticos ecuatorianos vieron una vez más con desconfianza a esta institución de los ciudadanos.

II

Como se puede advertir, la historia institucional de la Defensoría del Pueblo ha sido de la siguiente fórmula: indiferencia, control, desconfianza y otra vez control. La aplicación de esta fórmula depende de la coyuntura y la constatación de que el Defensor del Pueblo tiene un enorme poder. La estrategia de las élites políticas del Ecuador fue esconder esta realidad y controlar o comprar al Defensor de turno. Esto funcionó con eficiencia, excepto en los pequeños intervalos anotados. Aquello explica la hostilidad de las autoridades estatales, especialmente, del Ejecutivo hacia esta institución cuando decide levantar la voz en nombre de los ciudadanos, pues atenta contra el espíritu de cuerpo del Estado e incomoda al poder.

No conozco al actual Defensor del Pueblo y no es mi amigo, aunque he cruzado con él palabras un par de veces. Su elección, igual que en los otros concursos públicos, tuvo algunos inconvenientes. El favorito de Trujillo y su gente era Raúl Moscoso, quien fue mi profesor y considero que es un abogado progresista. Potes no era del agrado de ellos, pues la veían muy radical. No obstante, a Moscoso le fue muy mal en las pruebas escrita y oral y fue imposible su elección. Además, ya era bochornosa la manipulación delincuencial de los concursos para Consejo de la Judicatura, Fiscal General y Defensor Público, que abrirse un frente más era casi un suicidio. Así, en una muestra de “magnanimidad”, los ilustres transitorios decidieron darle cierta objetividad a la elección del Defensor del Pueblo, máxime que esta institución, igual que la Defensoría Pública, no deciden nada, por lo cual no valía la pena meterle la mano. Al mismo tiempo, nombraron a la nueva Corte Constitucional en su intento de legitimar la transición política fracasada, guardaron silencio sobre el Contralor General del Estado, y declararon desierto el concurso para Defensor Público, encargando hasta el final de los tiempos a uno de los participantes, aunque no cumpla con los requisitos y haya intentado engañar a los transitorios con información inexacta de su título académico.

Freddy Carrión, allegado al trabajo dentro de la Cruz Roja y con experticias en Derecho Internacional Humanitario, fue electo. Sus impugnaciones ciudadanas -una de ellas presentada por la Cruz Roja- no fueron acogidas por los transitorios. Reitero, no lo conozco y debe haber gente que no lo quiera y lo critique. Sin embargo, en Ecuador debemos entender que el cuestionamiento político no debe ser personal, que lo que se debe criticar es la gestión de las autoridades; y, que su vida personal y sus antecedentes políticos, mientras no se constituya en un abuso del poder desde las instituciones, no debe ser tomada en cuenta. Este mínimo ético no se entiende en Ecuador, y la política se hace desde el chisme y el escándalo. Aquello banaliza el debate y vulgariza la búsqueda de soluciones para los problemas reales de los ciudadanos.

Sucedió que la Defensoría del Pueblo fue la única institución pública que estuvo del lado de los ciudadanos en el paro de octubre de 2019. Hizo varios informes y estuvo junto con los manifestantes para prevenir y protegerlos. No porque sea un actor político partidista, sino porque es su mandato constitucional. Estar del lado de quienes se enfrentan al poder del Estado es su naturaleza, pues los ciudadanos, aún con piedras y bombas molotov, son la parte débil de este conflicto frente al Estado que tiene la potestad de encarcelar, usar armas letales y todos los recursos, incluso mediáticos y políticos, para defenderse. El Estado no tiene derechos, sino obligaciones y responsabilidades; los derechos constitucionales son exclusivos de los ciudadanos, no de las instituciones y sus autoridades, pues tienen el rol de cuidado y protección de los derechos en caso de un conflicto. Puede haber excesos por parte de los manifestantes, pero éstos no pueden ser violaciones a los Derechos Humanos, sino delitos comunes.

De esta manera, también, lo entendió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre lo sucedido. No obstante, de manera sorprendente, reconoció que pudo haber habido una extralimitación de la protesta -no se reconoció en Nicaragua ni Venezuela, por ejemplo- junto con el reconocimiento de que pudo haber un uso abusivo de la fuerza por parte del Estado. Y recomendó que se investiguen todos estos hechos, por supuesto, con un énfasis en las víctimas en manos del Estado. El gobierno tachó el informe, inmediatamente, de sesgado y parcializado. Ese sesgo no existe, pues el mandato de la CIDH es respecto de los ciudadanos. Simuladamente -excepto por lo trolls del gobierno que difundieron boberías como que la CIDH está intervenida por el castro/chavismo- se insinuó que el informe es falso. ¿Cómo decir que el informe es falso, oficialmente, sin que se inicie un vergonzoso impase con la CIDH?

III

Apareció el chivo expiatorio para deslegitimar el informe de la CIDH, pero sin entrar en un conflicto que van a perder: hay que bajarse a la Defensoría del Pueblo. La estrategia comenzó con una “investigación” de un grupo de estudiantes de comunicación y desinteresados de la Universidad de la Américas (UDLA) que demostraron que uno de los muertos de octubre, incluido en el informe de la Defensoría -que sirvió de base al informe de la CIDH-, no existe. Las cajas de resonancia de las lloronas y llorones gobierno hicieron eco de esto como un “escándalo sin precedentes” y como la “evidencia del vandalismo disfrazado de protesta social”.

Inmediatamente, el Defensor del Pueblo replica en una rueda de prensa a donde los medios tradicionales no van. Debe exponer su tesis en radios y ante sus seguidores en redes, pues la prensa escrita y los “medios independientes” ya no le dan espacio ni para los programas de farándula del “lindo canal”. Al mismo tiempo, aparecen artículos de opinión que quieren demostrar que no es idóneo, que es un golpeador de mujeres y que no gozó de la bendición del santón-patriarca Julio César Trujillo. Quieren hacer parecer que no es legítimo a partir del chisme y la descalificación personal. Ya no extraña que los 4 pelagatos se presten para esta labor tan sucia y burda que ninguna paga justifica, pues hasta los sicarios tienen mínimos éticos.

Es posible que la información recopilada por la Defensoría del Pueblo no sea exacta o contenga errores, pero decir que es una “invención” en un país civilizado debería tener una consecuencia, al menos, jurídica. Debe entenderse que en un contexto de grave violación de derechos y conmoción social es posible que la información entregada por los familiares de las víctimas no sea exacta. Además, la CIDH no usó como única fuente la información de la Defensoría, sino que pudo reunirse con los familiares de las víctimas, activistas y autoridades. Esta situación sobre información inexacta se ha presentado en muchos casos en el mundo. Por ejemplo, a los Tribunales de Nuremberg, Ruanda y Croacia les tomó varios años investigar y juzgar, y aún hoy hay cuestionamientos sobre omisiones y excesos. Debe recordarse que la CIDH “recomendó”, de acuerdo a sus competencias, “investigar”. Justamente, eso es lo que hay que hacer para exista paz social ante lo sucedido en octubre de 2019.

Sin embargo, la existencia de estos posibles errores no pude deslegitimar lo ocurrido: el abuso del poder y el uso excesivo de la fuerza. Por lo pronto, comienzan a moverse los engranajes del poder en la Asamblea Nacional. ¿Habrá un juicio político contra el Defensor del Pueblo? Es poco probable por dos razones. Por una parte, porque todos los actores políticos calientan motores para las elecciones de 2021 y por la otra, porque la coalición que podría apoyar algo así está fracturada en perjuicio del gobierno. Por ahora, el intento de anulación está en el ámbito del discurso político, los medios, las redes sociales, y la posible presión sobre sus recursos institucionales, debido al intento desesperado del gobierno de cuidarse ente las posibles consecuencias futuras por lo que ocurrió en las protestas de octubre, y de sobrevivir con el 4% de credibilidad en medio de los tiburones políticos que ahora lo abandonan porque ya no les es útil.

Todos los que creemos en el derecho y estamos convencidos de que los Derechos Humanos son la ley del más débil, organizaciones de sociedad civil, gremios, estudiantes, académicos y ciudadanos de a pie debemos rechazar esta agresión injusta en contra del Defensor del Pueblo, no por él, sino porque su actuación al frente de la institución puede ser la última opción de los ciudadanos para enfrentarnos pacíficamente al poder. Hoy debe convertirse en la tribuna para que los oprimidos tengan una voz propia, en el contexto de uno de los pocos momentos, cuando esta institución ha logrado burlar el control de las élites para ser lo que los ciudadanos necesitamos.