Develar la Máscara de la Ley Peter Pan (Ley Humanitaria para el coronavirus)

 

 

 

 

 

 

Develar la máscara de la “Ley Peter Pan” (Ley Humanitaria)

 

Por: Luis Fernando Ávila Linzán.

Foto por: www.amazon.com

 

I

Del país del “Nunca Jamás” al “País de Manuelito” con amor cuántico

Peter Pan es un niño de unos 10 años, quien odia a los adultos y no crece jamás; y vive en un lugar fantástico llamado “el País del Nunca Jamás”. Gracias a un hada de nombre “Campanita”, tiene la capacidad de volar. Su mundo mágico funciona como un alter realidad donde transcurren maravillosas aventuras que, desde 1904, cuando James Matthew Barrie lo presentó en Londres para una obra de teatro, cautivan a varias generaciones. De acuerdo al argumento central, esta capacidad de volar y viajar a “Nunca Jamás” se da en la medida de que los personajes no recuerden sus aventuras y lo que se aprende del mundo real.

Pareciera Peter Pan representar la fuga necesaria que los seres humanos anhelamos ante lo abrumadora que es la realidad social y los fenómenos sociales que provoca la modernidad y la industrialización: individualismo, utilitarismo y materialismo. Somos seres humanos, paradójicamente, más solos en medio de los adelantos tecnológicos, el aumento de la expectativa de vida y de los ingresos generales de los trabajadores a pesar de la discriminación y la escandalosa e inmoral acumulación de las riquezas en pocas manos. Peter Pan, también, puede ser un motivo para escapar de la realidad y no querer verla tal como es; de engañarse y no ver los problemas sociales, pues más cómodo se vive en un mundo de fantasía y volando libremente sin preocuparse de nada.

Sumado al desgobierno y la sumisión a los intereses de las élites nacionales, al presidente Lenin Moreno le afecta un estado de total abandono del liderazgo político, aún más evidente durante la crisis del coronavirus. Por ello, se escuda en su propia condición de discapacidad y de ser mayor adulto, y funge de dirigente sobre un vacío de poder donde se mueven clanes políticos que toman las decisiones en su nombre. También, por ello, sus cortesanos y cortesanas lo esconden cuando desvaría frente a las cámaras, le dan un malvavisco -de una de esas empresas que despiden a sus trabajadores a mansalva y sacan su dinero fuera del país- y lo mandan a inaugurar hoteles mientras ajustan a los medios de comunicación comprados con cargos, pauta y el chupón oligárquico de moda: “todo vale para que no regrese Correa”.

Durante la crisis sanitaria, nadie sabe donde está Lenin Moreno, obsesivo-compulsivo más aislado y paranoico que Howard Hughes. Aparece, de vez en cuando, en cadena nacional -aún sin los comandantes de las ramas de las fuerzas armadas como sucede cuando los gobiernos apestan a formol-, en lo breves momentos que logra salir del coma inducido para anunciarnos lo que ha visto en su mundo de fantasía. Abandona su tono infantil, pero no deja de volar de la mano su Campanita y a la cabeza de “los niños perdidos”, bola de rechonchos y bulímicos, burócratas indolentes, intermediarios de farmacéuticas y de necroempresarios, duendes, elfos y piratas fondomonetaristas. Así, traída del “País de Nunca Jamás”, fuimos bendecidos con la gracia del último grito de la necropolítica, el “Anteproyecto de Ley Humanitaria” para que el “País de Manuelito” -ese que va más allá de Alfonso Barrera Valverde-, donde nos toca vivir a quienes no tenemos la oportunidad de volar de no ser por el alcohol, los opiáceos y el cannabis sativa. Hagamos un esfuerzo para ver el estercolero inmundo detrás de la máscara de la “Ley Peter Pan”, mientras trascurre la tragedia nacional que no tiene nada de griega.

 

II

Máscara de “La Ley Peter Pan”

(1) ¿Quién paga la crisis?

Esta Ley fue bautizada en los think tanks del Gobierno de Todos como “Proyecto Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID 19”. Digamos algo cierto: la crisis sanitaria afecta al mundo entero, por tanto, todos debemos colaborar para salir adelante ante este fenómeno nuevo e inesperado. No obstante, la cuestión es sobre los hombros de quién descansa el costo social y económico de esta crisis. Sucede que, normalmente, la soga se rompe por el lado más débil y, en el caso de países tan coloniales y premodernos como los de Latinoamérica, son los más pobres y la clase media los afectados. Mientras que los más ricos, no sólo hacen negocio en ese tipo de crisis, sino que sus ingresos no son topados o apenas lo rozan las medidas económicas.

Así, esta Ley considera bajo el eufemismo de “contribución humanitaria temporal”, la confiscación de dineros de trabajadores privados -en relación de dependencia y como administradores- y funcionaros públicos, por nueve (9) veces de acuerdo a una tabla que, originalmente, era de 500 y que, la Asamblea Nacional, en el informe para el primer debate, subió a 720, con el fin de proteger, “supuestamente”, la canasta básica. Esta modificación parece, más bien, un cambio “planificado” para legitimar y suavizar el garrotazo popular de este proyecto. A esta “bondad espontánea” se sumaron los silenciosos sindicatos con el FUT a la cabeza (El Comercio: 21-abr-2020). Si vemos la versión del Gobierno, resulta contradictoria la cantidad que se pretende recaudar. Según el Ministerio de Trabajo, serían 106 millones; pero según el Ministerio de Producción, Comercio Exteriores, Inversiones y Pesca, serían 1000 millones si restamos los 300 que dice se recaudarían de la “contribución” de las empresas de un total de 1300 millones de dólares (El Universo: 12-abr-2020).

Pero, respecto a los grupos de poder y quienes concentran la riqueza en el País de Manuelito, se cobraría el 5% del valor mayor entre renta gravable y disponible de las empresas que tengan un beneficio de 1 millón o más, en un pago que se puede dividir en 6 cuotas mensuales. Además, sería posible se pueda exonerar si tuvo una pérdida del 30% en el mismo período en 2019. Con esta medida, de acuerdo a lo manifestado, se espera recaudar 300 millones de dólares. De acuerdo al gobierno, esto afectaría, apenas al 1% de las 123.000 empresas que funcionan en el país, sobre la base de la información del Servicio de Rentas Internas (SRI). Pero podría ser menos, puesto que en la misma Ley se prevé que esta contribución no grava las utilidades recibidas de otra empresa, pues sería doble pago. Esto beneficiaría a los holdings (consorcios de empresas). Veamos un ejemplo. De acuerdo a la información del SRI sobre el ranking de los grupos económicos por sus ingresos (2016), son tres los que encabezan la lista: Corporación Favorita, Banco del Pichincha y el Grupo Eljuri. El primer grupo registra el pago del impuesto a la renta de 66´140.827 de un ingreso total de 2.695´673.978 de dólares (2,4%). Sería sobre este valor que se realizaría la contribución, es decir, 3´307.045 dólares. Pensemos ahora en el número 50 de esta lista, el grupo SONGA, quienes tuvieron un ingreso de 350´288.059 y pagaron de impuesto a la renta 5´809.434 de dólares (1,6%). Este holding pagaría 290.471 dólares de contribución. Esta contribución afectaría, tal como ya lo reconoció el gobierno al 1% de las 123000 empresas, es decir a 1230 empresas.

La desproporción entre las contribuciones es evidente. Mientras de los trabajadores se toma el valor neto de ingresos (los que no trabajan en relación de dependencia del valor neto promedio del 2019) y el porcentaje es del doble (10%), para las empresas se toma el valor de la renta, es decir el beneficio luego del descuento de los costos de producción e impuestos. Además, sólo de aquellas que tuvieron 1 millón de beneficio, permitiendo que los holdings paguen un valor unificado y prorrateado a sus integrantes. No se debe olvidar que el impuesto a la renta, por otra parte, no refleja los beneficios reales, puesto que existen varios resquicios legales que permiten eludir o maquillarlos. El valor para los trabajadores se descuenta durante nueve meses sin que pueda eludir ni maquillar sus ingresos, mientras que a las empresas pagarían un solo valor hasta en 6 meses.

Por otro lado, en Ecuador, el trabajo formal beneficia al 37% de la población económicamente activa (3´123.743) con un salario promedio de 544,37 dólares (La Hora: 1-may-2020). Es decir, la contribución afectará con el cambio realizado en la Asamblea Nacional, al menos, al 30% de la población que tienen un trabajo formal, frente al 1% de las empresas que ganan más de 1 millón. En otras palabras, 3 millones de trabajadores respecto a 1230 empresas que no llegará a 10000 empleadores.

En todo caso, la inequidad es evidente y descarada si se toma en cuenta que el valor de recaudación proyectado por el mismo gobierno, es de 1000 de los trabajadores y empleados públicos, y 300 de las empresas

Luego, una innovación realizada por la Asamblea Nacional al proyecto original enviado por el Ejecutivo, se refiere a la recaudación del 2% del avalúo catastral del año 2020 sobre todos los bienes inmuebles y sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital en sociedades que tengan “de manera directa” a una sociedad en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia. Esta nueva contribución se pagaría en seis (6) cuotas mensuales.

Esta contribución es inequitativa por varias razones. Primero, porque no establece una gradación por tipo de bien inmueble y valor del avalúo catastral. Esto afecta a la vivienda popular y las que fueron adquiridas por la clase media y la masa laboral formal -además con crédito hipotecario en curso-, a la cual ya se le exige la contribución del 10% de su remuneración por 9 meses. Además, en segundo lugar, no todos los catastros, manejados por los municipios, están actualizados ni son reales, y muchos de ellos, incluso, son estratégicamente bajos en beneficio de las casas de las familias adineradas del país, por ejemplo, las casas del sector de Cumbayá en Quito o en las mansiones vía a la Costa en Guayaquil que constan catastradas en parroquias rurales. Por otro parte, no todos los bienes inmuebles están formalizados o constan como activo de fundaciones, como satélites de las empresas, en fideicomisos (u otros negocios fiduciarios, de intermediación o encargo) o en paraísos fiscales, escondidos por una estructura de formas contractuales que lo hace imposible de rastrear. En tercer lugar, para esta contribución no se toma en cuenta ninguna tabla o proporción y se hace imposible determinar el valor real de los activos. Y, en cuarto lugar, respecto de los activos y participaciones de empresas en paraísos fiscales, resulta ser un placebo político, pues en Ecuador no existe constancia formal de este tipo de empresas, sus participaciones ni todos tampoco está claro qué lugares del mundo son paraísos fiscales. Por ejemplo, Panamá fue puesto en un listado ecuatoriano del SRI como tal, pero esto no es uniforme y el mismo gobierno de ese país consideró que era un acto arbitrario (El Comercio: 30-jul-2015), mientras que la Unión Europea considera que no lo es (Ecovis: 5-jun-2019).

Y, por si fuera poco, esta Ley contempla algunos recaudos tramposos en favor únicamente de las empresas: a) rebaja de 10% para quien tenga 70% de afectación en sus ingresos brutos, y, b) si el daño es del 90%, exoneración total. Para los trabajadores no se incluye ninguna excepción de este tipo, por ejemplo, trabajadores informales sin ingresos permanentes, o que hubieran sufrido en esta crisis daños irreparables, personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria por citar algunos ejemplos.

Finalmente, un cambio adicional incluido por la Asamblea Nacional, es que todas las “contribuciones emergentes” de los trabajadores y las empresas no sean deducibles, pero se podrían usar como crédito tributario. Este beneficio es para las empresas, puesto que los créditos tributarios funcionan para quienes tienen un alto flujo de caja e ingresos extraordinarios. Los trabajadores sólo tienen ingresos formales y permanentes y, por excepción, tienen ingresos de pequeños negocios -un taxi o una tienda- u honorarios no permanentes por docencia u otros servicios profesionales. Si fuera deducible, esto sí beneficiaría a los trabajadores. Tampoco se ha tomado en cuenta a los trabajadores que ejercemos profesiones liberales (abogados, economistas, consultores, ingenieros, arquitectos, etc.) que dependemos del mercado informal y sin ingresos permanentes ni flujo de caja promedio como sucedería con la venta de bienes o otros servicios más tangibles. Durante estos meses no se ha generado recursos y posiblemente los meses siguientes la situación no mejore. Esto constituye una situación especial y que debería regularse de manera particularizada. Los colegios profesionales guardan silencio sobre esto.

Esto nos lleva a un tema importante que es sabe cuál será el referente para el cálculo de estas “contribuciones emergentes”. En todos los casos, se toma en cuenta los ingresos netos de 2019, pero existe una gran diferencia, pues mientras se toma el valor neto del trabajador; para las empresas, el valor neto de su utilidad (luego de costos). Nos encontramos ante el tan temido impuesto al patrimonio a los ingresos que es un tabú para las élites ecuatorianas para los trabajadores. ¿Por qué no tomar los ingresos netos de las empresas para probar la inequidad del régimen tributario ecuatoriano? En definitiva, las “contribuciones emergentes” siguen la misma matriz de ausencia total de justicia tributaria y pone el peso de la crisis sanitaria en los hombros de los trabajadores.

Por último, como ya es costumbre, las múltiples salidas para dar rienda suelta a la viveza criolla estarán en el reglamento de esta Ley: montos, cálculos, exoneraciones y rebajas en favor de los poderosos.

 

(2) ¿En favor de quién va el dinero de la crisis?

a) Medidas populistas en favor del Gobierno

En primer lugar, el proyecto debía intentar legitimarse con una dosis de demagogia algo disimulada. Por esto, en la Ley se prohíbe suspender asistencia o evaluación por falta de pago en guarderías, escuelas, colegios y universidades. El gobierno podría compensar valores para población más vulnerable (no incluye a las universidades) y prevé la disminución del valor de la pensión en 20% y un valor adicional en las vulnerables. Esto es una medida populista, puesto que en el Régimen Educativo de la Sierra las clases están por terminar. Esto quiere decir, que los padres de familia harán el esfuerzo suficiente para mantener a sus hijos en el sistema educativo, pues en un análisis de costo y beneficio, “ya falta poco”. Además, ¿qué sentido tiene la rebaja si falta apenas un mes para terminar el año lectivo? Esto da una posición de negociación ventajosa a las instituciones educativas.

Por su parte, el Régimen Educativo de la Costa está por comenzar. En este caso, muchos padres de familia están pensando en no matricular a sus hijos en el sistema educativo este año, por lo que la posición de negociación les favorece. Hay pocos inscritos en algunas instituciones de cara al incierto inicio de clases.

En lo de fondo, un gran porcentaje de la clase media, además afectado por “las contribuciones emergentes”, no podrá pagar los costos de la educación privada. De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018), el 23,4% de la educación es pagada (19,5% de privados y 3,9% fiscomisional). Es decir, casi un cuarto de la población paga por su educación en un país, cuya Constitución dice garantizar el acceso a la educación. A pesar de esto, la Ley plantea una disminución del 20% de los costos de matrícula, lo cual, tomando en cuenta que la educación se realizará por medios telemáticos, es inferior al valor de los servicios que las instituciones dejarían de utilizar: luz, agua, mantenimiento de aulas, transporte, alimentación de estudiantes y otros ingresos. Por esta razón, esta rebaja es insuficiente y hasta engañosa.

Luego, establece que el “el Gobierno” -no el Estado- podría compensar a las instituciones en favor de población vulnerable. No se establece el mecanismos, porcentajes ni criterios de asignación con lo cual queda a la entera discrecionalidad del Estado. Tampoco considera situaciones de desigualdad evidentes, tales como el hecho de que sólo el 16% de las instituciones educativas del Ecuador están en Guayas, la provincia más afectada por el virus. ¿No ameritaría esto consideraciones especiales? Menos se sensibiliza la Ley respecto de los problemas estructurales que podrían afectar el proceso educativo, toda vez que el 45,4% de los estudiantes viven en sectores rurales. ¿Cuántos de ellos tienen conectividad adecuada a los medios telemáticos?, ¿dentro de los sectores urbanos, es uniforme la conectividad?, ¿qué calidad de conectividad tenemos? Por lo pronto, el 79% de los ecuatorianos tenemos acceso a internet, pero mediante dispositivos móviles y no, necesariamente por computadora fija, lo cual dificulta la conectividad y el teletrabajo; apenas el 32% tiene internet fijo y el sólo el 16,6% de los hogares rurales tiene acceso; y, más del 80% no utiliza esta conectividad para trabajar, sino para el contacto personal y profesional, y el ocio (El Universo: 29-dic-2019).

En todo caso, el Estado es quien fija los valores de las matrículas y pensiones de las instituciones privadas y no es necesario hacerlo mediante ley; al tiempo que dispone de mecanismos ordinarios para hacer asignaciones emergentes del Presupuesto General del Estado para la Salud y Educación. No es necesario hacerlo mediante esta ley.

La ley, asimismo, propone la postergación del cobro de arriendos por el tiempo de la crisis y dos meses más, pero se debe pagar, al menos, el 20% para acceder a este beneficio; y, en el caso de locales comerciales, si se demuestra la afectación del 30% sus ingresos en el período igual. Se exceptúa a grupos de atención prioritaria cuando el canon sea su único medio de subsistencia. Por supuesto, estos detalles estarán en el reglamento. Esta normativa es irreal, puesto que, de facto, los arriendo no se están pagando ni habrá dinero para ese rubro en los próximos meses. Esto hará que el mismo mercado regule precios estándar entre los arrendadores y arrendatarios. Mucho más real era disponer que se pague sólo un porcentaje con un margen de negociación, puesto que en estos meses no se usaron los bienes. Igual ocurre respecto de la prohibición de suspensión de pólizas de salud ni su cobertura, cuyos pagos se difieren.

No obstante, no dicen nada de los altos valores por la atención médica privada en esta crisis sanitaria y los costos inmorales de algunas clínicas privadas. Al contrario, dejan por fuera al personal médico –“nuestros héroes”- del cobro de las “contribuciones emergentes”. Por supuesto, no hay que desconocer la labor infatigable, además, sin apoyo gubernamental y en condiciones de inseguridad, del personal de la salud. Lo que se cuestiona aquí es el uso populista del gobierno de su condición, pero dejando fuera a otros “héroes”, como los miembros de la fuerza pública. Es posible que este proyecto reserva este caramelo para el futuro veto presidencial, en el cual, haciendo gala de su “sensibilidad social” y “excelsa humanidad”, Lenin Moreno incluya nuevas exoneraciones. O busca aumentar el espacio de negociación en el veto con la fuerza pública para mantenerse en el poder a pesar de su ilegitimidad.

Nada se dice, tampoco, sobre los precios elevados de los bienes y servicios en el contexto de esta crisis, especialmente, de insumos, medicina, respiradores y demás elementos necesarios.

Finalmente, el diferimiento de pagos de valores del IESS en los siguientes tres meses, y el congelamiento de precios de servicios públicos básicos, incluyendo los de telecomunicaciones; y, la rebaja del 10% para los dos primeros quintiles de ingresos de los meses de la crisis, son medidas que podía tomar, unilateralmente, el Estado por decreto, pues todos los servicios públicos, excepto, los de telecomunicaciones -parcialmente-, son de su propiedad. Por esto, aquí es evidente el carácter populista y demagógico de estas propuestas normativas.

 

b) Medidas en favor de los de siempre

Durante la gestión de Lenin Moreno, es notorio que el “Gobierno de Todos”, en realidad, es “de los siempre”. Me refiero a eso etéreo y mítico que las Vedas de los economistas ortodoxos que representan a las oligarquías llaman “sector productivo”, donde está también el chulco legal llamado “sistema financiero” -o simplemente “banqueros”-. Este lugar común de las políticas económicas es como el hijo drogadicto que se roba las joyas y hasta los ahorros de la abuelita, pero al que hay que ayudar por afecto o, al marido golpeador al que hay que tolerar porque es el que trae, de mala gana, el dinero a casa. Bueno, esta muletilla de los economistas neoliberales de “sector productivo” justifica que todos los recursos del Estado -nuestros impuestos- vayan a estos pocos bolsillos todo el tiempo. Sólo así no es “paternalismo” estatal ni mantenimiento de una burocracia ociosa. Este sector productivo es el privilegiado de todas las medidas económicas, su hijo más joven lo llaman “sistema financiero”, otro grupo de parásitos y agiotistas con traje. Así, en los años ochenta, ante la deuda privada de los bancos, se la sucretizó y en 1999, ante la quiebra económica total, se les benefició con un salvataje financiero de más de 8.000 millones de dólares. Hay algunos de ellos que hasta el día de hoy exigen “el vuelto”.

El caso es que, ahora, no es la excepción. Ganan los mismos de siempre. Así, este proyecto dispone, además, que el sistema financiero privado deberá establecer “líneas de crédito blando”; mientras, la banca pública podrá establecer líneas de crédito para el pago de nómina y capital de trabajo de tres meses de operación, priorizando al “sector productivo”. En ambos casos, el Estado prestaría facilidades de liquidez y garantías de crédito y brinda seguros o garantías sobre estos créditos. Al mismo tiempo, todos los recursos recaudados irían a una cuenta especial, sometida a los controles regulares, y se nombraría una veeduría integrada por personas de “idoneidad y probidad”.

Luego, si es cierto, sólo se puede destinar estos recursos para los fines de esta Ley, incluso para programas para personas con vulnerabilidad –también, “transferencias de recursos”-, en último término, la política de prioridad, uso y destino será definida por el Presidente de la República. Parte de estos recursos deberán ser usados para la sostenibilidad del empleo y la reactivación productiva, con prioridad en zonas deprimidas y no se podrán financiar deuda externa; y, de manera excepcional, se podrá adquirir bienes y servicios del exterior, sólo si no hay oferta nacional. Como ya es costumbre, definir “prioridad”, “zonas deprimidas”, “líneas de crédito blando”, “idoneidad y probidad” serán externalidades y contingencias a desarrollarse en el reglamento y en la política que defina Lenin Moreno, más bien la burocracia de Nutella que lo acompaña. No se debe olvidar que el término “deuda externa” se presta para muchas interpretaciones, tal como sucedió en el régimen anterior.

Además, por una parte, se establece en la Ley que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes, realizará la revisión de tasas de interés máximas vigentes para los segmentos de crédito “resolución técnica sobre liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero”, con el fin de reprogramar las cuotas de crédito y pago de cuotas de seguros. Y, por otra, la Agencia Nacional de Tránsito suspende pago de matriculación y revisión vehicular, y se pagará luego por convenios de pagos.

Para todo esto, no era necesaria una Ley y bastaba la normativa existente. La enorme discrecionalidad para el manejo de los recursos tiene como núcleo de la decisión de las autoridades del Poder Ejecutivo. Además, es evidente que “sector productivo” se refiere a la gran empresa y no a las pequeñas y medias, las de la economía popular y solidaria ni a los emprendimientos individuales, comunitarios o familiares. Si, al menos, se hubieran establecido porcentajes por sector, algo de equidad tuviera esta Ley.

Paralelamente, se crearía un fideicomiso en Corporación Financiera Nacional con el fin de otorgar más créditos y ayuda pública a empresas que requieran “financiamiento emergente”. Se nutriría de todos lo recaudado por esta Ley, menos de la contribución de las personas naturales, y se daría prioridad para micro, pequeña y mediana empresa, que haya suscrito acuerdos de preservación de fuentes de trabajo y correspondan a zonas afectadas. Una vez más, todos estos elementos coyunturales se definirán por la verdadera Ley: el sacrosanto reglamento.

Por si no fuera poco, esta Ley aprovecha para incorporar un viejo anhelo de las empresas y élites nacionales: la flexibilización laboral. En esta medida, se considera la posibilidad de que los trabajadores acepten una rebaja de sueldos y condiciones de trabajo especiales dentro de lo que se denomina en el proyecto como “acuerdos de preservación de fuente de trabajo”. Es decir, esto se puede resumir en la siguiente máxima: “si los trabajadores no aceptan, no queda más que despedirlos”. Durante el tiempo de este acuerdo, las empresas no pueden comprar bienes suntuarios y, como requisito previo, los empleadores deberán presentar estados financieros, y durante el acuerdo, no podrán repartir dividendos ni reducir el capital en el tiempo de duración del acuerdo. Estos acuerdos, que son título ejecutivo, se aprueban por la mayoría de los trabajadores y el empleador, y es oponibles a los otros empleadores. Si no hay acuerdo, el empleador puede liquidar si este acuerdo es “imprescindible para la existencia de la empresa” -más carne para el reglamento-.

Se crea el “contrato especial emergente” para nuevas inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, modificación del giro del negocio, incremento de la oferta de bienes y servicios, o para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en caso de situaciones emergentes.; y, los “contratos de nuevo personal”, para las que atraviesen “dificultades económicas” para incrementar la producción o cumplir obligaciones pendientes, que podrán ser por 6 horas mínimo diarias y 20 semanales, y dos años máximo y renovado por una sola vez. Adicionalmente, se reduce la jornada de trabajo hasta del 50% por 2 años y no renovable, tiempo durante el cual no se puede repartir dividendos ni despedir al trabajador, se obliga a gozar de vacaciones devengadas a los trabajadores, y se garantiza estabilidad sólo para trabajadores de la salud. Por último, las pensiones de alimentos en favor de niños, niñas y adolescentes no se ajustan automáticamente, sino que debe solicitarse la rebaja de pensión en la proporción de la contribución.

Tal como se puede observar, todas las condiciones amplían la posición dominante de negociación de los empleadores y flexibilizan las condiciones de trabajo en perjuicio de los trabajadores, de por sí afectados por la erosión de sus organizaciones y su natural vulnerabilidad frente al capital. Ellos deberán adaptar sus gastos a sus nuevos ingresos, pero los empleadores no limitan sus ingresos ni utilidades, sólo la posibilidad de repartir dividendos, es decir, recibir por anticipado y periódicamente de la renta anual. Vale decir, que mientras los trabajadores disminuyen sus ingresos, los dueños de la empresa deben ahorrar para poder cobrar al final y no mensualmente sus beneficios del proceso productivo. La inequidad de este “modelo de crisis” reproduce la inequidad y protege a los más poderosos. Aunque parezca reiterativo, al igual que sucede en toda la ley, todas las definiciones importantes se desarrollarán en el poderoso reglamento.

Al final y para cerrar este proyecto tramposo, se excluye a los trabajadores de la salud de las disposiciones de esta Ley, y se dispone la reducción de la remuneración del 50% del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. Con esto, el proyecto termina con esta admonición populista y demagógica, además, de totalmente inútil en el contexto de la crisis sanitaria y que no necesitaba de una ley. Salvo que se quiera establecer, discretamente, el techo de los sueldos de todos los funcionarios públicos -por esa máxima colonial de que “nadie puede ganar más que el Presidente”-, esta medida es completamente inocua. Si es así, esta parte de la Ley supone una trampa mortal e inconstitucional para los servidores públicos.

En conclusión, los beneficiaros de la Ley Peter Pan serán el gobierno en su ánimo de flotar en las cloacas del poder y la gran empresa -los bancos como protagonistas-, nacional y extranjera, y los costos los pagaremos todos los demás, aunque eso signifique renuncia de derechos, fruto de la pauperización y degradación de las condiciones de vida de la gran mayoría de los ecuatorianos.

 

(3) ¿Hay otras alternativas?

Claro que hay alternativas más favorables y equitativas ante la crisis. Sólo menciono algunas de ellas, puesto que cada una necesita una amplia explicación autónoma. Algunas de estas medidas se están aplicando o discutiendo en otros lugares del Planeta:

a)   Reforma para disponer de reserva monetaria y del encaje de los bancos privados en el Banco Central debido a la crisis sanitaria. En la actualidad, varias normas limitan que el Estado pueda disponer libremente de estos recursos que son de 3.135 y 4.746 de dólares respetivamente (El Universo: 12-feb-2020). Por supuesto, esta posibilidad debe ser por porcentajes y sobre la base de un informe técnico que no afecte los intereses del Estado ni de la estabilidad económica general, especialmente, respecto del encaje bancario, puesto que esto es un seguro de confianza para el funcionamiento del sistema financiero privado. Debe volverse a los fondos de estabilización de los precios del petróleo -eliminados por el gobierno de Correa-, pero no para pagar deuda externa, sino para contingencias, crisis de precios y calamidad pública, e inversión social estructural;

b)   La renta básica universal. Esta medida consistiría en la dotación de un ingreso periódico para cada ciudadano de manera directa y sin ninguna condición. Varios países implementan este tipo de medidas que tienen como fin aumentar el consumo general de bienes y servicios, por lo que empujaría la oferta general de las empresas y protegería los puestos de trabajo formal, puesto que mejoraría la capacidad de negociación de los trabajadores frente a los empleadores en busca del pleno empleo. En el contexto de la crisis, el Foro Económico Mundial y el Papa Francisco han sugerido este tipo de medidas keynesianas (Ticbeat: 14-abr-2020). Un ejemplo de esto es la ciudad de Stockton en California (WEF: 22-dic-2019), donde se otorga 500 dólares a quienes ganan menos del salario mínimo vital por un año y medio como parte de un proyecto piloto -En Alaska ya existe desde 1982- (BBC: finanzas, 13-ene-2020). La gran diferencia de este modelo es que las condiciones económicas están control de los ciudadanos y trabajadores, y no únicamente de los empresarios y del Estado. Casos interesantes sobre la renta básica universal nos lleva a Emiratos Árabes Unidos a título de utilidad de la producción petrolera, y las experiencias piloto de Finlandia (500 euros para 1000 familias entre 2017 y 2018) y Barcelona en España (560 euros para 1000 familias por un año). Por supuesto, esta propuesta es estructural y va más allá de los “bonos de pobreza” que no tienen impacto en la superación estructural de la pobreza de los ciudadanos;

c)    Acuerdo entre deudores para negociar nuevas condiciones de crédito con acreedores de la deuda externa. Ecuador, una economía periférica y marginal, no puede negociar las condiciones de endeudamiento con los acreedores de manera unilateral. Por ello, debe promover una propuesta regional para negociar en bloque, a pesar de la debilidad de los organismos regionales, incluida la OEA. No obstante, la posible quiebra sistémica de todo el sistema financiero internacional, ha bajado un poco la prepotencia de los acreedores, por lo cual el FMI y el G20 ofrecen “facilidades de pago” y “condonaciones de deuda” para 25 de los países más pobres por un valor de 14.000 millones de dólares (Telesur: 16-abr-2020). Por supuesto, igual que en los años 80 y 90, Ecuador no es considerado un país pobre, pero puede aprovechar “la apertura” -no necesariamente honesta ni voluntaria- de los acreedores para negociar condiciones favorables y así evitar el default y la cesación de pagos que llevaría al caos total a nuestra economía. Una de las cuestiones prioritarias a negociar es la venta anticipada de petróleo y los contratos de explotación petrolera y concesiones de recursos no renovables, que deben adaptarse a las condiciones actuales del mercado y del precio de los energéticos. En este contexto, seguir sometidos a la camisa de fuerza de los acuerdos con el FMI es un verdadero suicidio económico, ahora que se necesita inversión social y no austeridad para regalar dinero a las empresas;

d)   Fondo de inversión social para el sector de salud, educación, protección de los trabajos y control de cadena de producción de alimentos y medicinas. Durante la década de los ochenta, estaba de moda el establecimiento de fondos sociales. En la actualidad, ante la crisis, el Estado debe regresar a los fondos para fortalecer estratégica y estructuralmente, nuevas capacidades en la población respecto de la educación, salud, la protección del trabajo y control de cadenas de producción de alimentos. En esta crisis, resulta evidente la acumulación inmoral de capital en pocas manos y el oligopolio de los alimentos en Ecuador. No es una coincidencia de que el grupo con mayores ingresos sea del sector de alimentos sea La Favorita;

e)   Creación de banca de desarrollo regional y local. No es necesario crear fideicomisos, cuentas especiales del Presupuesto General del Estado ni improvisadas veedurías que huelen a corrupción y negociado. Existe una capacidad instalada en la banca pública a la que hay que modernizar y fortalecer, especialmente el Bando del Pacífico, al cual quieren vender a precio de gallina con peste como ocurrió con Ecudos (ex Aztra) y el Hotel Quito. Y hay que crear una red pública de bancos públicos locales para el desarrollo de proyectos dirigidos a la economía popular y solidaria, la economía comunitaria y de emprendimientos autónomos o de comercio justo. La clave no es la “priorización” que depende del Estado o los empleadores en el poder, sino la “focalización” de los recursos financieros para los sectores familiares, comunitarios, emprendimientos autónomos, sector artesanal y pequeña industria, que supone planificación, participación social y modernización;

f)     Implementación de impuestos directos que limiten el excesivo beneficio de las empresas. Nuestro régimen tributario no es equitativo ni genera justicia social, pues se funda en impuestos indirectos, los cuales se trasladan fácilmente al consumidor. Un modelo de justicia social se construye sobre al base de impuestos directos. El 2% del avalúo de todos los bienes inmuebles del proyecto prendió la alerta de la oligarquía nacional. Esto fue muy parecido a lo que sucedió con las propuestas que produjeron reclamos sociales, promovidos por las élites y sus medios de comunicación, durante el gobierno de Correa: el impuesto a las herencias y a la plusvalía. Sin embargo, estos son medios adecuados para una más equitativa redistribución de la riqueza. Sólo que el momento político que vivía el anterior gobierno no era el adecuado para una propuesta de este tipo. Hay impuestos directos que deben implementarse en Ecuador, el impuesto al ingreso que debe reemplazar al vetusto modelo de impuesto a la renta que es económicamente regresivo y socialmente desincentiva la innovación comercial; y, el impuesto al patrimonio, pueden ser medidas de mediano plazo para distribuir la carga tributaria de manera proporcional. Ante la actual emergencia, resulta urgente cobrar los tributos pendientes de la gran empresa; y,

g)   Implementación de bolsa de productos. Estos mecanismos consisten en instituciones paralelas y similares a las bolsas de valores y que permiten intercambiar productos directamente entre productores e intermediarios primarios y, de esa manera, disminuir la cadena de intermediarios, abaratar los costos finales para el consumidor, y proteger la ganancia de los productores. Estas bolsas funcionan en Europa desde el siglo XIX y en América Latina existen experiencias en Brasil y Argentina. Este tipo de mecanismos rompe las cadenas de dependencia en la producción de alimentos, impide el oligopolio y permitirá el desarrollo agropecuario y humano luego de que termine la crisis sanitaria actual;

 

En definitiva, la Ley Peter Pan resulta una trampa neoliberal que busca beneficiar a los mismos de siempre en perjuicio de los trabajadores y la mayoría de los ecuatorianos. El monto a recaudar tiene como fin contentar al FMI, a las élites nacionales y apalancar nuevos créditos externos en favor de ellos. Oscuros intereses corporativos, de las mafias económicas locales y transnacionales están detrás de sus gestores. Hoy, más que nunca, deben sonar en nuestra consciencia las voces de miles de excluidos y oprimidos llamando a la desobediencia civil, la resistencia y la crítica social para pelear por el establecimiento de un nuevo orden mundial basado en redistribución solidaria de los beneficios sociales de la riqueza, la organización social colectiva, y las capacidades y necesidades sociales libremente consensuadas.