La Cárcel: “cementerio de hombres vivos”

 

 

 

 

La Cárcel: “cementerio de hombres vivos”

 

Por: Luis Fernando Ávila Linzán.

Foto por: www.eulixe.com

 

I

La degradación política de la cárcel: arbeit macht frei

“Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora”. Eso se escuchaba en un bar subterráneo en Guayaquil con la “lanfor” abajo y los policías haciéndose de la vista gorda a las 4h00 por fuera de la hora zanahoria y en una larga tertulia con Juan Montaña y Ricardo Sanín cuando era funcionario de la Corte Constitucional. De manera macabra fue lo que me vino a la mente cuando vi, sin querer y por única vez, un video de un corazón latiendo en la mano de alguien mientras los demás reían. Parecía una típica broma en cadena de wasap, pero luego las otras fotos y videos aumentaron el shock. Todo ocurría en las cárceles ecuatorianas: personas mutiladas, cabezas malogradas y desprendiéndose como si se tratara de un trofeo del desposte de animales en un camal de pueblo. Sentí asco y nauseas. No volví a ver nada de este material y me alejé de los comentarios morbosos y sin sentido de quienes, seguramente, no eran familiares de estos seres humanos desafortunados.

“Hay crisis penitenciaria” dicen algunos colegas y los medios de comunicación. Pienso “¿cuándo no estuvo en crisis?” La cárcel fue un remedio humanista del Siglo de las Luces como alternativa a la pena de muerte y la prisión perpetua con la impronta de Beccaria. No obstante, no todos tenían tanta buena fe y desde varias vertientes torcieron la función social rehabilitadora de la privación de libertad. Bentham con su panóptico y Hobbes con su necesidad de disciplinar el egoísmo natural de los seres humanos le dieron un fin utilitario y de control, y todo el positivismo penal y la naciente criminología psiquiátrica de Garofalo, Lombroso y Spencer del siglo XIX vieron en el “delincuente” a un enfermo social, condicionado como el perro de Pavlov, a quien había que curar.

La corriente humanista devino, paulatinamente, en una fábrica de delincuentes con el advenimiento del capitalismo global y la burocratización de las sociedades modernas como lo notara Pavarini; mientras que las corrientes de control transformaron la cárcel en descaradas máquinas de exterminio de los diferentes. “Arbeit macht frei” es la frase más cínica del extremo al que llevó la lógica del encierro como castigo a la trasgresión del orden. Aquella frase descansaba sobre la puerta del famoso campo de concentración de Auschwitz. Tal vez este modelo abominable de exterminación sea el mejor prototipo para evidenciar la función social y política que hoy cumple la cárcel en todo el mundo. Era un juego de palabras, posiblemente, para clausurar cualquier posibilidad de salir y para cuestionar la idea del marxismo de que el trabajo social es que da valor a las mercancías. Pudo ser el fundamento del carácter antisemita del régimen nazi que quería se vea a los judíos como vagos y enemigos del desarrollo del pueblo alemán de aquella época.

Sea lo que sea, este modelo no se pudo aplicar luego de la Segunda Guerra Mundial, sino con la sutileza de las instituciones liberales y del Estado de derecho en todo el mundo. No se trata de cualquier modelo, sino de uno que está refrendado por las leyes y que funciona, al igual que durante el nacionalsocialismo, con la complicidad, tolerancia o el desconocimiento de los ciudadanos ¿Cuál es el fundamento de este modelo extremo que llevó a Jorge Paladines, en reciente obra, a postular la existencia de un Derecho Penal de Auschwitz? El exterminio como forma de castigo y éste como una forma de curar el delito. “Vigilar y castigar” sería el mínimo de la mayoría de los modelos penitenciario modernos, como lo denunciara Foucault, además, como el arquetipo de control disciplinario de todas las sociedades modernas, el cual, lejos de atenuarse, se ha perfeccionado hasta el autocontrol y el control global por las nuevas tecnologías de un invisible y eficiente psicopoder (Han). A pesar de esto, varias corrientes críticas cuestionan el rol del Derecho Penal y el sistema penitenciario, que van desde el garantismo penal al abolicionismo penal. Zaffaroni y otros autores tratan de juntar, en la medida de lo posible, todas estas corrientes bajo la denominación de “criminología crítica”.

En todo caso, a partir de estas corrientes aún marginales, la cárcel hoy es un buen negocio en América Latina y, al mismo tiempo, es la mano invisible de sistemas penales ilegítimos y con débiles controles jurídicos y democráticos.

En consecuencia, en las cárceles hoy nuestro “arbeit macht frei” se lee en ecuatoriano: “Centro de Rehabilitación Social”, y que se hace grotesco en el mensaje en redes sociales del Grupo de Especial Móvil Antinarcóticos, organismo policial encargado, sin control institucional alguno, al cuidado de los privados de libertad: “no hay que llenar de delincuentes la cárcel, sino el cementerio”. Nuestro sistema penitenciario está afectado por cuestiones estructurales y coyunturales, que ayudan a entender los extremos de violencia gutural y caníbal que se dieron en la última semana. Diría, en todo caso, que no es necesario enviar a los privados de libertad al cementerio, pues ya viven en uno. Esta idea llevó a Óscar Caranqui a escribir un libro titulado: “La Roca: cementerio de hombre libres” en referencia a la que en ese entones era la cárcel de máxima seguridad del país. Los 10.000 ejemplares fueron incautados por pedido del Ministerio del Interior y ordenado por una jueza bajo la consideración que contenía información que comprometía la seguridad penitenciaria y la honra de personas y varios funcionarios públicos. Unos meses después fue asesinado dentro de la cárcel.

Hagamos un breve repaso de las cuestiones estructurales y coyunturales de la política penitenciaria del Ecuador que deben ser asumidos urgentemente para superar la barbarie. Por lo pronto, es, como dice Stephan Krauth, amigo, investigador y académico alemán quien trabajó para la Defensoría Pública durante 3 años, en reciente entrevista sobre la masacre penitenciaria para la Deutsche Welle (DW): “las cárceles son tierra de nadie.”

 

II

Los ejes estructurales de una política penitenciaria integral

(1) La política del castigo y de la peligrosidad. Se hace necesario superar esta política que se aplica en las cárceles ecuatorianas. A pesar de que desde 2006 se realizó grandes inversiones para mejorar la situación del sistema penitenciario, se construyeron los centros regionales de rehabilitación sobre el modelo de cárceles norteamericano, que perfecciona el control y deshumaniza el contacto de los privados de libertad con sus familiares y amigos. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), por su parte, aumentó la discrecionalidad judicial y el rigor penal, y fortaleció el orden burocrático de los beneficios penitenciarios que, cada vez más, dependen más de personal administrativo con débiles controles jurisdiccionales. Cuando el Consejo de la Judicatura encargó hasta el día de hoy las funciones de los jueces penitenciarios a los jueces de garantías penales, se le dio el tiro de gracia al régimen de beneficios.

El castigo no es físico necesariamente, sino psicológico mediante el aislamiento, el control absoluto hasta del tipo de libros que pueden leer, la limitación de acceso a los servicios públicos y a las visitas conyugales, de familiares, defensa técnica y amigos, el uso de fármacos para los desobedientes, y el ocio sin sentido. Una evidencia de ello es la poco técnica determinación de la separación de los privados de libertad por tipo de delito, creando un régimen de máxima seguridad especial que no está en el COIP. Dependiendo de si se está en mínima o máxima seguridad, la restricción psicopolítica es menor o mayor. El extremo llega a aislamiento total con media hora para tomar sol y esposado, y sin posibilidad de visita alguna que no sean los celadores encapuchados y engorilados de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), los mismos que “bautizaron” pisoteando y golpeando a los privados de libertad hace pocos años de la cárcel del Turi en Cuenca. Así, la relación entre castigo y peligrosidad es directamente proporcional, uniendo las tradiciones liberal y positivista del Derecho Penal, de espaldas a los fines constitucionales de rehabilitación y reinserción social.

El concepto de “castigo” tiene mucho más de canónico que de liberal y el de “peligrosidad”, más de prejuicio que de científico. Ambos son un cóctel que engaña a los ciudadanos y, al mismo tiempo tortura, invisible y sistemáticamente, a los privados de libertad. Y, al igual que cuando los aliados llegaron a los campos de concentración y vieron los miles de cuerpos apilados y hediondos y los ciudadanos alemanes vomitaban sorprendidos al ser obligados a ver el resultado de un genocidio; sólo cuando los ciudadanos podemos ver una cárcel por dentro, o porque somos clientes del sistema o porque somos visitantes eventuales, entendemos el sufrimiento de los que Galeano llamara “los nadie” y que llenan las cárceles, en su mayoría, por delitos menores contra la propiedad -incluidos los microtraficantes. Nos damos cuenta, también, que los Charlie Manson y Hannibal Lecter son monstruos tan parecidos, en esencia, a los mafiosos que fuera de esas paredes roban recursos públicos o privados por millones y están gozando sus recursos con impunidad y con la complacencia del sistema financiero mundial, los sistemas de justicia y los gobiernos extranjeros que premian su obediencia.

Muy posiblemente, algunos privados de libertad representan un problema de seguridad, pero proyectar el deseo de “combatir a los peligrosos” resulta una especie de macartismo penitenciario que provoca más daños que protección de derechos de los ciudadanos que no están privados de libertad.

 

(2) Presencia de la agencia policial en la política penal y de seguridad. Una cuestión relacionada con la anterior es que la agencia policial en una democracia débil como la nuestra es una corporación con intereses económicos dentro de la estructura del Estado. Al igual que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, al momento del retorno a la democracia, fueron parte de la negociación del nuevo orden. Así, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados (les dieron el manejo de la venta de armas, drogas y otros negocios ilícitos), en el nuestro, no pudieron otorgarle control de otros sectores de influencia por fuera de las instituciones del Estado de derecho; por lo cual, a los unos les dieron los sectores estratégicos y los otros el transporte y, en los últimos tiempos, el manejo de los negocios relacionados con la seguridad. A ambos, les dieron instituciones financieras y de seguridad social propias. Y, a nivel externo, ambas corporaciones tienen una relación directa, y con una débil intermediación de los gobiernos nacionales, con los aparatos de inteligencia y de las políticas de seguridad de los Estados Unidos de América. Todo esto, con un mando paralelo y con endebles controles jurídicos y democráticos del gobierno y de los ciudadanos.

A partir de esto, la agencia policial tiene el control de la política penal en los delitos más comunes y los referentes al tráfico de estupefacientes, y de toda la política se seguridad. Están desde la aprehensión de los ciudadanos y la posterior investigación -manejan, incluso, el aparato pericial-, hasta la ejecución de las penas en el sistema penitenciario. Incluso, en estos días, el Ministro del Interior, policía retirado, llegó a decir que la masacre ocurrida es porque los policías no se encargan, además, de la rehabilitación. Pero, quiero que se entienda que esto no es una cuestión de negocio, sino del control real del poder y de la geopolítica de la seguridad, lo cual conlleva el monopolio del control de los ciudadanos y del sometimiento a determinadas condiciones a los gobiernos de turno.

Además, la presencia policial aplica una lógica castrense -de guerra- al sistema penitenciario que hace imposible la toma de decisiones técnicas y de rehabilitación; y, poner a cargo a una sola institución del control de toda la cadena de producción penal y de seguridad, lo cual provoca un campo de impunidad y descontrol por parte de las instituciones civiles. Siendo, además, la Policía Nacional una corporación organizada y con beneficio de este monopolio, es más difícil diferenciarla de los grupos del crimen organizado, cuyos dueños no están privados de libertad y reciben un trato más de socios, que de objetivo militar del Estado.

 

(3) Falta de independencia política del sistema de justicia penal. El cierre del círculo vicioso de violencia dentro del sistema penitenciario lo completa la falta de independencia del Poder Judicial. Así, si bien es cierto, el ánimo de control político de la investigación fiscal y de las decisiones de los jueces penales no es el único motivo para la intervención de poderes externos al Poder Judicial; es uno de los motivos más importantes, puesto que le permite a los gobiernos mantener popularidad mediante decisiones populistas y que coincidan con el clamor de las masas de “mano dura contra la delincuencia”, y porque el manejo de la seguridad es vital para el mantenimiento de los políticos en el poder. La política de represión vende socialmente, aunque, en la realidad, sea una efectiva escoba que mantiene a los pobres al margen de la élite económica y política, y los esconce debajo de la alfombra social.

El resultado visible de este aparato de control está en los cientos de destituciones de jueces, fiscales y defensores públicos por su actuación en los procesos penales contrarios a la cruzada demencial de imponer penas como la prima ratio del sistema penal: los que sustituyen “alegremente” la prisión preventiva por otras medidas no privativas de libertad, quienes no aplican penas máximas o las disminuyen de delitos de alto impacto social -violación y muerte-, o no aplican el máximo rigor en los delitos contra la propiedad y por tráfico de drogas.

Abuso de la prisión preventiva y de los procedimientos abreviados y directos -expeditos e inculpatorios para llenar las estadísticas y las nuevas cárceles-, la discrecionalidad y secretismo de la investigación, y la aplicación de las salidas alternativas al proceso penal y a la ejecución de las penas, son los recursos institucionales que violan derechos y que los operadores han convertido en su credo diario para evitar ser víctimas de la intervención del Consejo de la Judicatura y del gobierno de turno. Irónicamente, el régimen disciplinario en el sistema de justicia es más abstracto, desigual y desproporcionado que el medieval régimen de 6 atenuantes y más de 50 agravantes del COIP.

 

III

Los ejes coyunturales de una política penitenciaria integral

(1) Calidad de la inversión en política penitenciaria. Un problema ha sido la falta de inversión en el sistema penitenciario. De hecho, luego de que en los años noventa se denunciara la existencia de “infiernillos” y “salas de tortura y castigo físico” en las cárceles ecuatorianas y luego de la visita de varias agencias de Naciones Unidas, se intentó ordenar la política penitenciaria por primera vez. La política de “consejos” permitía a varios organismos estatales, de sociedad civil y de la cooperación internacional coordinar el trabajo. Durante el anterior gobierno se sustituyó esta política que fue llamada “corporativista” por la centralización estatal y la tecnificación penitenciaria. De esta época son los enormes centros de rehabilitación regionales que fueron un buen botín para algunas autoridades y sus familiares y amigos, pues dotar de esos uniformes anaranjados “de culpable” que se obliga a los privadas de libertad a usar en las cárceles y en las diligencias procesales, darles de comer y el poco nutritivo “economato”, una especie de tienda de aparceros para distribuir snacks a los privados de libertad, es un buen negocio.

Por ello, tal vez, se explica el esquizofrénico interés de encerrar más gente hasta llegar al impensable hacinamiento que hoy es evidente en las cárceles. Sorprende que la población carcelaria que se disminuyó a algo así como 8.000 privados de libertad luego de la aplicación del indulto humanitario de 2007 para los condenados por llevar droga dentro de su cuerpo (“mulas del narcotráfico”), se aumentó a más de 45.000 hoy. Por supuesto, hay países que tienen una mayor población en sus cárceles, pero el caso de Ecuador es que se trata del país que, en relación a su población general, tiene una de las tasas más altas y de acelerado aumento de personas privadas de libertad de la Región.

Toda la inversión realizada no fue pensada, por lo tanto, para la rehabilitación y dar una segunda oportunidad a los privados de libertad; sino para satisfacer el deseo de castigo y garantizar un buen negocio para un grupo de “inversionistas”, quienes, inclusive, recibieron préstamos de la banca pública y facilidades para manejar un monopolio económico muy lucrativo. Por otro lado, uno de los problemas de los últimos años es la desinversión pública en general provocada por las políticas de austeridad, en aplicación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las élites nacionales.

Respecto de la política penitenciaria, supuso la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la reducción irracional del presupuesto necesario, y el cierre de varios organismos penitenciarios, como le Escuela de Formación de Guías Penitenciarios.

 

(2) Humanización y participación social de la política penitenciaria. La necesaria humanización de las cárceles que aparece en los instrumentos internacionales, en la Constitución y en toda la política penitenciaria es retórica, sino no está atada a decisiones que permitan una participación real de las personas privadas de la libertad. En algunos países, como Argentina y Costa Rica, existen políticas de incentivo para la conformación de asociaciones de privados de libertad y de familiares de privados de libertad, y de organizaciones no gubernamentales, especialmente, de universidades, para el manejo de varias políticas -que hoy controla el Estado o contratistas privados-, para la veeduría general del sistema penitenciario, y para asegurar la eficiencia de los beneficios penitenciarios y de la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Aquello facilitaría el arraigo comunitario para asegurar la presencia de las personas privadas de libertad en los procesos penales.

Esto permitiría un control ciudadano de la política penitenciaria, y el acceso a algunos recursos para dignificar la situación de personas privadas de libertad y sus familiares. Si se decide, por poner un ejemplo, una política ocupacional, son los propios privados de libertad y sus familias quienes pueden encargarse de asumir, bajo políticas de bienestar y cuidado de la salud la preparación de sus alimentos, confección de uniformes, gestión del economato o la elaboración de mercancías para el mercado. Parte de los recursos obtenidos podrían servir para el mantenimiento de los centros penitenciarios, otra para sus familiares y otra para un ahorro obligatorio para cuando se haya cumplido la condena.

Sólo un reducido número de personas privadas de libertad debe tener políticas estrictas de seguridad, con respeto de sus derechos, y, en el peor de los casos, dictar en su contra medidas de seguridad luego de un estudio técnico sobre su comportamiento y posibilidades de control de grupos de crimen organizado.

      Varios ejes transversales deben integrarse a la política penitenciaria respecto de personas que ameritan una atención especializada por sus condiciones sociales o personales de vulnerabilidad: mujeres, especialmente, con niños a su cargo, indígenas y personas con discapacidad, mayores adultos y con enfermedades graves, catastróficas o raras, extranjeros, y adolescentes infractores.

(3) Inversión en política de prevención. Una de las omisiones más graves y que tienen repercusiones a largo plazo es lo referente a la prevención. Tienen esta política dos dimensiones. Una general que tiene que ver con la idea de Von Liszt: “La mejor política criminal es una buena política social”. Así, aumentar, progresivamente y de manera focalizada, un sistema de política social de amplio espectro y que garantice la igualdad de acceso a las prestaciones sociales de educación, salud y seguridad social, es la mejor manera de vaciar las cárceles hasta llegar a cerrarlas como sucede en Holanda. Entre más trabajo, escu

elas y hospitales existan, menos cárceles serán necesarias. Claro que esto es posible y no es demagogia. Hace unos años, la inversión social permitió que Ecuador baje sustancialmente la tasa de asesinatos muy por debajo de la media regional. Por supuesto, la criminología mediática no deja ver sino el asesinato injusto de un joven a quien le robaron los zapatos y un niño que se suicidó por consumir una heroína degradada y que se venía a un dólar llamada “H”.

Otra dimensión es la especial. Aquella tiene que ver con varias medidas no penales que incidan en el comportamiento para evitar el delito. Un sistema de multas administrativas para más de tres cuartos del actual COIP ayudaría mucho, y varias medidas que tienen que ver con la prestación de servicios públicos, los sistemas de alerta temprana, botones de pánicos, cámaras de seguridad; y, también, varios mecanismos de participación de la comunidad, la formación y capacitación para la prevención en los planteles educativos, estructurar la carrera de guías penitenciarios -no sobre la base de una lógica militar o policial-, mejorar los sistemas de peritaje e investigación penal, entre muchas.

 

(4) Medidas humanitarias. Finalmente, es necesario para la coyuntura inmediata diseñar medidas humanitarias de todo tipo. No sólo los indultos para delitos menores, con buen comportamiento y respecto de personas con enfermedades graves; sino, especialmente, desformalizar los beneficios penitenciarios y las salidas alternativas para el proceso penal y para la ejecución de las penas.

Estos mecanismos han sido efectivos en otras ocasiones, Por ejemplo, en el caso del indulto general del 2007, apenas, tuvo una reincidencia del 3%. Esto, en el corto plazo, baja la tensión producto del hacinamiento carcelario; y, al mismo tiempo, a mediano plazo, permite al sistema preparar y planificar las nuevas condiciones de humanización del sistema penitenciario. También, proyecta un mensaje de humanidad a la sociedad en su conjunto con relación a la situación de las personas privadas de libertad.